Llegó al poder hace un año, con el viento fresco que, se esperaba, los militantes de las organizaciones civiles venían a aportarles a las marchitas prácticas de la vieja política: premiada en Europa por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y el ambiente, vestida con largas polleras y eternas zapatillas, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Romina Picolotti, era la contrafigura exacta de su antecesora María Julia Alsogaray. O parecía: parientes y amigos contratados por montos exorbitantes, frecuentes viajes en jets privados, compra de decenas de computadoras de última generación, gastos inexplicables en muebles que nadie usa o el alquiler de edificios para alojar a cientos de empleados contratados sin motivo, son los trazos gruesos de una gestión caracterizada por el derroche y la ineficiencia. Pero eso no es todo: semejante desmadre es posible gracias al desvío de fondos presupuestarios hacia una fundación pública creada con otros objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los procesos y controles habituales en la administración pública.
El desembarco de la abogada Romina Picolotti y su equipo a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 7 de julio del año pasado, fue interpretado como una de las jugadas atrevidas que con frecuencia gusta ofrecer Néstor Kirchner: militante por los derechos humanos, conductora junto a su marido, Daniel Taillant, de la organización no gubernamental Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente y, se creía, muy influyente entre los inflexibles asambleístas de Gualeguaychú que resisten la instalación de la planta de celulosa Botnia frente a sus narices, Picolotti traía consigo varios mensajes simultáneos. Con ella en el Gobierno, los ambientalistas entrerrianos sentirían que el Presidente no se olvidaba de ellos, las organizaciones de defensa del medio ambiente ya no podrían decir que el Estado no les abre las puertas “a los que saben”, y todos los argentinos entenderían que el compromiso de luchar contra la contaminación iba en serio.
Pero el plan falló. Cobijada por un presupuesto que se quintuplicó y el halo de pureza del que muchos militantes sociales suelen alardear frente a los políticos, blindada por el sostén de su mentor, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández —que un día antes de su asunción logró que la Secretaría fuera trasladada desde el Ministerio de Salud a su órbita—, Picolotti tropezó pronto: le aseguró al Presidente que el Banco Mundial no otorgaría los créditos que Botnia había pedido para construir la fábrica de Uruguay y que eso heriría de muerte al proyecto, pero la empresa no tuvo inconvenientes en obtener el dinero; les prometió a los asambleístas que los jueces de La Haya atenderían el reclamo argentino, y al Presidente que los asambleístas liberarían las rutas; no logró ninguna de las dos cosas. Y en medio de duros cruces con varios funcionarios de la Cancillería terminó, hace tres meses, alejándose de las negociaciones “por una decisión personal”. El otro gran desafío de la secretaria, organizar y concretar la limpieza del Riachuelo, tampoco está mostrando grandes resultados, como quedó de manifiesto en las audiencias de esta última semana ante la Corte Suprema.
Hasta aquí, los datos conocidos. Pero la polémica por la pericia de esta funcionaria clave empalidece ante otros datos menos discutibles. En casi dos meses de investigación, Clarín pudo establecer que Romina Picolotti y sus allegados participan de una serie de maniobras presupuestarias que les permiten derivar mucho dinero público para gastos personales, multiplicar contratos de trabajo irregulares y por montos desmedidos y hacer grandes compras sin muchos controles. Para recoger cada dato y documento que sostiene estas afirmaciones, el Equipo de Investigación entrevistó a dos ex subsecretarios y tres altos funcionarios de la Secretaría de Ambiente, fuentes de los ministerios de Economía y Salud, la Cancillería, la Jefatura de Gabinete y dos empresas particulares que prestaron servicios para Picolotti. Los siguientes son sólo algunos de los hallazgos más elocuentes:
Con una planta de 422 empleados, Picolotti contrató a otros 350 sin que su necesidad e idoneidad fuera debidamente justificada. A través de varios de estos “contratos de locación de obra” la secretaria paga “salarios” importantes a una serie de parientes y amigos. Algunos ejemplos: Susana Verónica Franco, su asesora personal, es la novia de su hermano, Juan Picolotti, quien a su vez es su jefe de gabinete. Franco fue contratada por 8.000 pesos mensuales (ver facsímil), el doble del monto de los mejores contratos vigentes en la administración pública. Dos comparaciones invitan a dudar de la moderación de esa cifra: hasta su nombramiento, el actual embajador en Francia, Eric Calcagno, cobraba como asesor de la Secretaría de Medios (que también depende de la Jefatura de Gabinete) 4.061 pesos. Y desde agosto, el sueldo bruto de un diputado será de 8.976 pesos.
Picolotti también contrató al hermano de Susana, Martín Franco, a quien nombró como director de Recursos Humanos. La mujer de Martín Franco, Cristina Aoki, es la encargada del área sociosanitaria del Programa Integral del Riachuelo. Varios amigos de la infancia de Juan Picolotti también fueron beneficiados con jugosos contratos: Raúl Vidable, subsecretario de Fiscalización y Control Ambiental; el contador Sebastián Olmos, jefe de compras; y Edgardo Ruibal, director general de Control Ambiental. Ninguno de ellos cobra menos de 8.000 pesos. Según los datos recogidos, la Secretaría paga tres contratos de 12.000 pesos, unos 20 de 8.000, otros 30 de entre 6.000 y 7.000 pesos, y decenas de personas cobrarían entre 4.000 y 5.000 pesos. Un dato: en la Secretaría, un profesional de línea con diez años de antigüedad cobra 2.700 pesos.
Estas erogaciones habrían generado para este año un déficit de casi 18 millones de pesos en la cuenta de gastos de personal, y otros problemas domésticos: tantos empleados hay que ni siquiera caben en la sede de San Martín 451 y en el otro edificio que la Secretaría tiene en la boca del río Matanza. No importa: para albergarlos y evitar convivencias incómodas con los desanimados empleados de línea —decenas de los cuales fueron reubicados o licenciados por tiempo indeterminado a pesar de ser cuadros técnicos—, la secretaria alquiló dos nuevos edificios. Pero al parecer tampoco tenía muy en claro para qué los quería. En una circular interna fechada el 7 de diciembre, se anuncia a una serie de empleados que la Secretaría alquiló un inmueble en la calle Reconquista 555, y ofrece la posibilidad de trasladarse allí a quienes quieran porque “existe aún mucho espacio disponible”.
La avalancha de contratos tiene su máximo exponente (y el más irritante para el personal de la Secretaría y también de la Cancillería) en el que le fue otorgado a la abogada cubano-norteamericana Ana María Kleymeyer, una ex alumna de Picolotti convocada para representar a la Secretaría —y a la Argentina— ante los foros internacionales como coordinadora de la Unidad de Asuntos Ambientales Internacionales.
Además de la curiosidad de contratar a un extranjero para conducir un área tan sensible, fuentes de la Cancillería alertan sobre un posible conflicto de intereses: al menos hasta octubre de 2004 la abogada integraba el staff del Water Program (Programa del Agua ) en el World Bank Institute, un apéndice del Banco Mundial. Tan particular es la contratación que una de sus facturas a la que accedió este diario, por 10.000 pesos, lleva el número 00000001 —es decir que nunca antes había prestado servicios profesionales en el país— y en ella la abogada fija su domicilio fiscal en la propia sede de la Secretaría, San Martín 451 (ver facsímil). Pero ésa tampoco sería la remuneración mensual de la doctora, quien en verdad estaría cobrando entre 25.000 y 30.000 pesos por mes, una cifra que, traducida a dólares, justificaría su “desarraigo”. Algo similar le ocurre al doctor Juan Pablo Ordóñez, un colombiano que, aunque admite en público que “del tema conozco poco”, dirige la Unidad de Gestión Ambiental de la Actividad Minera.
Para viajar al interior del país, la secretaria Picolotti suele contratar los servicios de jets privados. Clarín accedió a la documentación correspondiente a dos de ellos: uno, realizado el 20 de diciembre, la llevó desde Buenos Aires hasta Córdoba, con una escala en La Rioja y regreso a Aeroparque en el mismo día (ver facsímil). El viaje fue realizado en una nave Learjet con capacidad para siete pasajeros de la empresa Baires Fly, y costó 20.420 pesos. Ese mismo día hubo 12 vuelos regulares de ida y vuelta a Córdoba. El costo máximo de siete pasajes —bajo la hipótesis de que el avión hubiese viajado completo— hubiera sido de 1.946 pesos en clase turista o 3.710 pesos en clase ejecutiva. El segundo vuelo, Aeroparque-Córdoba-Aeroparque, se contrató con la empresa Sky Connections, se realizó el 13 de febrero y costó 11.170,22 pesos.
Pero éstos no fueron los únicos viajes contratados por Picolotti y sus allegados más cercanos. Así lo confirmó a Clarín un ex subsecretario que se negó a abordar uno de estos vuelos privados para asistir a un evento en el norte argentino. El pasado 14 de junio, por ejemplo, Picolotti habría contratado dos viajes de ida y vuelta a “tierra santa”, como suele llamar a su provincia natal ante sus empleados. Pero la niebla mantuvo cerrado el aeropuerto cordobés, y los vuelos debieron ser suspendidos. Las arcas públicas sólo sufrieron un leve mordisco, el pago de la multa por la reserva del avión que nunca despegó.
Los ejemplos pueden seguir hasta llenar páginas. En febrero pasado, Picolotti compró muebles para remodelar su secretaría. De acuerdo a las órdenes de compra y las cuatro facturas que acreditan la entrega del mobiliario, firmadas por su contador y cerebro financiero, Esteban Sáenz Rico, se gastaron 176.145 pesos (ver facsímil). Muchos de esos muebles todavía duermen en los pasillos porque no hay dónde ponerlos. ¿Más? Para “fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría” Picolotti compró 100 computadoras de última generación, con grabadora de DVD y mouse óptico. Cada PC incluye un monitor de pantalla plana.
Para evitar los controles contemplados en los procedimientos de contratación del Estado, esta retahíla de gastos se lleva a cabo forzando un mecanismo utilizado para la “administración eficiente” de fondos públicos. Se trata de un acta acuerdo firmada por la Secretaría de Ambiente y la Fundación ArgenINTA, un ente satélite del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) creado, entre otras cosas, para “brindar un servicio especializado en la gestión” (ver pág. 33). La martingala consiste en derivar dinero del presupuesto ordinario a la cuenta que la Secretaría tiene en ArgenINTA —cuyos movimientos no son auditados con el mismo rigor—, y facturarle a esta fundación todas las compras y contrataciones que Picolotti decide en forma personal. Hasta los gastos pagados por caja chica se cargan a nombre de la Fundación.
Clarín pudo establecer que a través de este mecanismo en el 2007 ya fueron desviados 20 millones de pesos, y a pesar de que el temor a futuros juicios por administración fraudulenta despabiló los temores de las autoridades del INTA, aún se planifica enviar allí otros tres millones, mientras se pulen nuevos artilugios para distraer fondos de ojos inquisidores. Esta sangría de recursos permitiría, a su vez, justificar un presupuesto que por todo concepto asciende a 166 millones de pesos, de los cuales —según información oficial— apenas se ejecutó en forma normal el 17%. Una de las ollas más espesas se cocina en el llamado Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo, al que, sin mediar justificaciones convincentes, en un principio le fueron destinados 136 millones de pesos, que gracias a las transferencias a otros destinos enseguida bajaron a 92 millones y, a pesar de la gravedad de la contaminación, las durísimas críticas de los especialistas y la mirada torva de la Corte Suprema —que esta semana consideró “impreciso” el plan de Picolotti a partir de un análisis trazado por técnicos de la UBA— apenas lleva gastado el 10%.
El desagregado geográfico de la ejecución presupuestaria del Programa Riachuelo muestra otra perla: se destinaron 650.000 pesos a la provincia de Córdoba (terruño de Picolotti) y otros 206.000 a la provincia de Entre Ríos. Cuesta imaginar la relación de ambas provincias con el porteñísimo Riachuelo.
Según pudo saber este diario, al menos un ministro y otro funcionario que entra sin anunciarse al despacho de Kirchner fueron informados de que en la Secretaría de Ambiente ni la gestión ni la administración marchan de modo normal. Y la semana pasada las malas noticias habrían llegado a oídos de otro ministro, que goza de una excelente relación con la senadora Cristina Kirchner. Quizás su marido tenga algo que decir.
